El PP pide que se endurezcan las penas, especialmente en el caso de las mafias, o que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación.

El Grupo Municipal Popular, para luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, llevó al pleno de septiembre modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias. Recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años.
    La propuesta secundada por todos los partidos también pide incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento. Proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía.
    El pleno al completo también exige modificar la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Así como incluir un nuevo apartado en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definido en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.
    Debido al aumento de ocupación, también en Mazarrón, solicita que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho. A tales efectos, los ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello. Modificar la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas y dar traslado de esta moción al Presidente del Gobierno de España, a la Ministra de Justicia, a la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, y a la Junta de Gobierno de la FEMP, son los dos últimos puntos de la propuesta popular.