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La Asamblea Regional aprueba seguir impulsando las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los profesionales y dotar de seguridad a aquellos centros que aún no tienen.

La Asamblea Regional aprobó en su último pleno instar al Consejo Gobierno regional a seguir impulsando las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los profesionales que prestan servicios en centros sanitarios, y a tal fin incluya en la futura ley de Salud de la Región de Murcia, medidas de protección, consistentes en la contemplación de sanciones administrativas hacia el sujeto responsable de las conductas violentas de cualquier tipo, incluidas las agresiones o conductas violentas que no comporten daño físico, así como sanciones cuando la agresión ocasiones un daño patrimonial. Además, en un punto añadido por Vox, pide que con carácter urgente dote del Servicio de Vigilancia y Seguridad a aquellos centros de salud que aún no cuentan con dicho servicio.
    En el ejercicio de su actividad profesional todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) se enfrentan al riesgo de sufrir situaciones difíciles y conflictos, e incluso de violencia en el entorno laboral. Estas situaciones han ido creciendo cuantitativamente en los últimos años, y particularmente tras la pandemia. La situación actual debería inducir una reflexión en todos los ámbitos de la sociedad, y tratar de prevenir y evitar este tipo de situaciones.
    La moción del PP indica que los profesionales en el ámbito sanitario son el principal activo del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero a pesar de ello son un colectivo que se ve afectado por agresiones de diferente índole en el ejercicio de su actividad profesional, situaciones violentas que les ponen en riesgo y pueden provocar efectos nocivos tanto en la seguridad y en la salud de la persona afectada como en el sistema sanitario en su conjunto. Por ello es preciso desarrollar e implantar medidas preventivas y, de manera simultánea, proporcionar a los profesionales en el ámbito sanitario protección frente a este tipo de violencia en su lugar de trabajo.
    La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en el lugar de trabajo como “todos aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto entre el domicilio y el trabajo, con la implicación que se amenace explicita o implícitamente su seguridad, su bienestar y su salud” (ya sea en cualquiera de sus componentes físico, psíquico o social). En 1998 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe concluía que el riesgo de los profesionales en el ámbito sanitario de sufrir agresiones, durante el desempeño de sus
funciones, era muy elevado en comparación con otros ámbitos laborales.
    Las repercusiones en los sanitarios que se han visto tan afectados por estas situaciones han provocado renuncias al puesto de trabajo, cambios de domicilio, cambios de función o actividad profesional, incremento del burnout, cambios de especialidad, fuga de talento hacia otras especialidades más seguras, o a otros países, etc. En definitiva, situaciones que van
contribuyendo al deterioro del sistema sanitario público en un contexto de falta de profesionales
sanitarios como médicos o enfermeros.
    El código penal identifica al profesional sanitario en caso de una agresión física, pero no lo hace suficientemente en caso de “agresiones no físicas”, como las verbales, coacciones,
intimidaciones, insultos y amenazas. La impunidad frente a este tipo de agresiones ha facilitado, y particularmente tras la pandemia, que se incrementen exponencialmente el número de agresiones denunciadas por los sanitarios.
    Un informe de 2022 del Ministerio de Sanidad, muestran un incremento del número de agresiones a profesionales de centros sanitarios, el 77% a mujeres, siendo los profesionales más expuestos los que trabajan en Atención Primaria, donde la tasa de notificación de agresiones es 3,85 veces superior a la atención hospitalaria. Así mismo, dentro de los profesionales que desarrollan su trabajo en instituciones sanitarias los más expuestos son los médicos, seguidos de los administrativos y enfermería.
    En cuanto al tipo de agresión, las “no físicas” constituyen un 85% del total, siendo el lugar donde se producen el mayor número de agresiones las consultas. Es destacable que en torno a un 20% los responsables de la agresión son reincidentes. Resulta imprescindible, para trabajar en un entorno seguro, proteger a los profesionales del sector de la salud (“cuidad al cuidador”). Las agresiones a los profesionales del SNS continúan siendo una realidad y un problema de gran relevancia, que afecta a la integridad física, psicológica, y al bienestar de las personas que desempeñan su actividad profesional en el sector sanitario. Así mismo, su existencia provoca una disminución de la calidad y la cohesión del sistema sanitario.
    Según afirmaba el diputado popular, Antonio Martínez Pastor, el hospital que más agresiones registra es el Virgen de la Arrixaca, pero es el área donde más pacientes se recibe y el área con mayor probabilidad de registrar una agresión es la de Murcia. Y el centro de salud de Puerto de Mazarrón es el que más agresiones registra en Atención Primaria. Son los médicos los que más agresiones sufren, con más del doble de agresiones respecto a otros estamentos profesionales, seguidos de los profesionales de enfermería y los administrativos y el lugar donde los profesionales están más expuestos a la agresión son en las propias consultas.

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