El Grupo Municipal Vox registra una declaración institucional contra la Amnistía para el pleno de noviembre.
En un breve comunicado a través de sus redes sociales, el PSOE ha publicado que el pasado sábado la agrupación socialista de Mazarrón "vivió una auténtica fiesta de la democracia, donde su militancia dio un respaldo mayoritario a los pactos propuestos por Pedro Sánchez para formar gobierno. Un proceso libre y democrático, para un nuevo gobierno de coalición progresista", apunta.
La Ejecutiva Federal del PSOE aprobó, antes de la celebración del Comité Federal, una consulta a la militancia con la siguiente pregunta: '¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?'.
La consulta duró una semana y los resultados a nivel nacional son claros y contundentes: más del 87% ha votado sí. Se trata de un fuerte aval para que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pueda configurar su Ejecutivo.
Declaración Institucional contra la Amnistía
El Grupo Municipal Vox ha registrado en el Ayuntamiento de Mazarrón una declaración institucional para su inclusión en el pleno de este mes de rechazo a la amnistía, a los responsables del golpe de Estado separatista en 2017. Vox pide que la corporación declare su rechazo "firme y enérgico a la intención de Pedro Sánchez de ser investido como presidente del Gobierno de España acordando una ley para amnistiar a los políticos golpistas catalanes".
"Aludimos a la responsabilidad y dignidad de cada uno de los 20 concejales que representan en el ayuntamiento al pueblo de Mazarrón para votar en contra de este ataque a la unidad, igualdad y justicia en España. Declaramos que aquellos diputados que voten a favor tanto de una Ley de amnistía a los golpistas catalanes como de una investidura que la contemple como contrapartida serán responsables de esta traición sin precedentes", describe la declaración.
El texto propuesto concluye que la corporación manifiesta "la necesidad de que los órganos de gobierno de las Cortes Generales rechacen la tramitación de la Ley de amnistía por ser contraria a la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, nuestra democracia, la Constitución y el Estado de Derecho".
Texto registrado
España atraviesa un momento de ataque extraordinariamente grave a la Unidad nacional, la convivencia entre españoles, la democracia y el Estado de Derecho. Nos encontramos a las puertas de vivir un golpe de Estado contra España como el de 2017, ahora perpetrado directamente desde La Moncloa. Pedro Sánchez, candidato a la presidencia del gobierno de España, ha mostrado su disposición a amnistiar a los delincuentes responsables del golpe de Estado de Cataluña en 2017 como vía para continuar en la Moncloa.
Tras años de cesiones constantes y concretas a los partidos separatistas, Sánchez ya ha defendido públicamente su decisión de perpetrar un acto de corrupción sin precedentes: que un político amnistíe a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder, atacando así gravísimamente a la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y contraviniendo nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, la aprobación de una ley de amnistía para beneficiar al expresidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de encausados o condenados por el golpe de Estado ocurrido en octubre de 2017, es una aberración jurídica sin precedentes en el ordenamiento jurídico español que borraría no sólo las penas, sino las conductas ilegales protagonizadas por delincuentes ya condenados.
No se puede permitir que la amnistía se configure como contrapartida de una negociación política en un Estado democrático y de derecho como España. En este mismo sentido, ocho vocales del CGPJ han pedido un pleno urgente sobre la amnistía ya que “supone la abolición del Estado de Derecho en España”. Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre los jueces, ha manifestado su “más firme rechazo” a una futura ley de amnistía al golpismo separatista que “tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial” y que supone “el principio del fin” de la democracia española y “volar por los aires el Estado de Derecho”.
Las consecuencias de una Ley de Amnistía son de una gravedad sin precedentes y cada diputado que apoye tanto la ley como una investidura que incluya su aprobación será responsable de esta traición sin precedentes:
1.- Se humilla a la Nación, se legitima el golpismo y se desacredita el Estado de Derecho, toda vez que supone reconocer que fue justo el proceso de secesión e injusto el derecho que lo sancionó, lo que sin duda supone dinamitar nuestro Estado constitucional y democrático
de Derecho. La amnistía da la razón política a los golpistas y legitima el intento de secesión del 1-O.
2.- Se atenta gravemente contra el principio de separación de poderes, ya que se está privando a los Tribunales de enjuiciar los presuntos delitos cometidos por los amnistiados, así como de ejecutar lo juzgado en todas aquellas causas relacionadas con el denominado “procés”. Se trata de una nueva «bofetada» al Poder Judicial, y al Tribunal Supremo en particular, ya que deslegitimaría su actuación frente al desafío separatista de 2017.
3.- La amnistía a la carta para los encausados del golpe de Estado de 2017 supone también la vulneración del principio de igualdad entre todos los españoles, recogido en el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe que a unos españoles se les aplique la ley y a otros no. Es una “ley de impunidad” para los golpistas catalanes exclusivamente en beneficio de Pedro Sánchez y del partido socialista.
4.- Se perpetra el mayor acto de corrupción política al amnistiar un político a otro expresamente a cambio de su apoyo para permanecer en el poder. La amnistía no sólo resulta políticamente inadmisible, sino que dinamita la legitimidad de nuestro ordenamiento jurídico. Así, las consecuencias penales para Pedro Sánchez como candidato que ha propuesto la amnistía y se beneficiaría de su contrapartida al ser investido presidente deben ser, a nuestro juicio, de la mayor contundencia para asegurar que nuestro sistema persigue la corrupción, protege a la Nación y defiende los principios más elementales de justicia e igualdad.
