La organización presenta alegaciones contra la Modificación n.º 80 del PGMO, que afecta a todo el suelo no urbanizable del municipio y que, según denuncia, permitiría implantar actividades como cementeras, plantas de biogás y vertederos de residuos peligrosos.
Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha presentado alegaciones formales contra la Modificación Puntual n.º 80 del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Mazarrón. La organización solicita al Ayuntamiento que paralice la tramitación actual y someta el proyecto a una Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria, al considerar que los cambios propuestos tienen carácter estructural y que el procedimiento simplificado elegido no se ajusta, a su juicio, a la normativa urbanística y ambiental.
La modificación fue aprobada inicialmente en el Pleno municipal del pasado 28 de julio y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el 10 de agosto de 2026. Según Ecologistas en Acción, la reforma afecta a la totalidad del suelo no urbanizable del término municipal, por lo que su alcance excedería el de una modificación menor o de reducida extensión.
La entidad señala que Mazarrón cuenta con una superficie de 31.870 hectáreas y cuestiona que el expediente pueda acogerse a un procedimiento ambiental simplificado cuando afecta a una parte tan extensa del territorio. Además, advierte de que el propio Documento Ambiental Estratégico recoge una superficie afectada de 70.975,75 hectáreas, una cifra que supera ampliamente la extensión total del municipio.
En sus alegaciones, la organización invoca el artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que, según su interpretación, obliga a considerar estructurales las modificaciones que afecten a más de 50 hectáreas. Por ello, reclama que el expediente se tramite mediante el procedimiento ordinario y que se realice una evaluación ambiental acorde con el alcance de los cambios.
Preocupación por los usos industriales permitidos
Uno de los principales motivos de oposición de Ecologistas en Acción es la relación de actividades que, según denuncia, podrían implantarse en suelo no urbanizable al amparo de las nuevas normas. La organización pone el foco en el apartado B.5.3.4.8, relativo al uso industrial extensivo, que contempla actividades como la fabricación de cemento, instalaciones de la industria nuclear y radiactiva, grandes almacenes de productos petroquímicos y gases licuados del petróleo, así como la fabricación y almacenamiento de explosivos.
La relación incluye también vertederos y plantas de almacenamiento y tratamiento de residuos urbanos, industriales, hospitalarios, tóxicos y peligrosos, además de instalaciones de producción de biogás vinculadas al tratamiento de residuos agropecuarios.
El colectivo considera que la posibilidad de autorizar estos usos requiere un análisis ambiental exhaustivo, especialmente en lo relativo a las distancias respecto a zonas habitadas, centros educativos e instalaciones asistenciales. A su juicio, la regulación propuesta no justifica suficientemente las medidas preventivas necesarias para proteger a la población y los recursos naturales.
Ecologistas en Acción cuestiona, asimismo, que el documento ambiental califique los efectos de la modificación como inexistentes o poco significativos, al entender que la evaluación presentada no analiza con suficiente profundidad las consecuencias de las actividades contempladas.
Denuncia la falta de alternativas y cuestiona la autoría técnica
Otro de los argumentos recogidos en las alegaciones es la ausencia de un estudio de alternativas. Según la organización, el expediente únicamente contempla la opción de mantener el planeamiento vigente y la propuesta planteada por el Ayuntamiento, sin estudiar otras posibilidades relacionadas con las distancias de protección, la edificabilidad, las alturas o la ocupación del suelo.
El colectivo destaca que la memoria del proyecto reconoce expresamente que «no se han considerado alternativas técnicas». Esta circunstancia, sostiene, contravendría las exigencias de la legislación de evaluación ambiental y podría comprometer la validez del procedimiento.
La entidad también cuestiona la competencia profesional de la persona que suscribe el documento técnico municipal, fechado el 10 de abril de 2026. En este sentido, cita la sentencia 1132/2024 del Tribunal Supremo, de 26 de junio, para defender que la elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico general corresponde a profesionales con titulación de arquitecto superior.
Además, advierte de la necesidad de solicitar todos los informes sectoriales preceptivos a los organismos competentes en materias como aguas, salud pública, medio ambiente y carreteras. La organización señala que valorará emprender acciones ante las jurisdicciones competentes si considera que se prescinde injustificadamente de estos informes.
Cuatro medidas para el Ayuntamiento
En su escrito, Ecologistas en Acción solicita al Consistorio que clasifique la Modificación n.º 80 como estructural y la someta a una Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria. También reclama la elaboración de un nuevo documento ambiental que incluya alternativas reales y estudios de impacto más exhaustivos.
La organización pide, además, que se recaben todos los informes sectoriales exigibles y que la redacción de los instrumentos técnicos y urbanísticos se encargue a profesionales que, según su interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuenten con la titulación requerida.
Con estas alegaciones, Ecologistas en Acción pretende que el Ayuntamiento revise la tramitación de la modificación antes de continuar con su desarrollo y que se evalúen de forma más completa sus posibles consecuencias sobre el territorio de Mazarrón.
