Tensión política en el pleno por la moción del PP sobre la actuación del interventor que desembocó en un enfrentamiento entre el alcalde y la popular.
El pleno de esta mañana ha estado marcado por un intenso debate político en torno a la actuación del interventor municipal y por un enfrentamiento entre el alcalde, Ginés Campillo, y la portavoz del Partido Popular, Alicia Jiménez, que llevó a la expulsión de esta última del salón de plenos tras ser llamada al orden en tres ocasiones.
La sesión abordaba una moción presentada por el Grupo Municipal Popular en la que solicitaba iniciar actuaciones por presuntas irregularidades en el ejercicio de la función fiscalizadora del interventor municipal, aunque finalmente el Pleno ha aprobado una enmienda alternativa presentada por el equipo de Gobierno, centrada en recabar informes técnicos y jurídicos antes de adoptar cualquier otra medida.
La iniciativa, defendida por el concejal popular Diego Hernández, exponía que, según la documentación remitida al Ministerio de Hacienda en el marco del procedimiento extraordinario de pago a proveedores, el Ayuntamiento mantenía obligaciones pendientes por importe de 4.107.642,56 euros.
Según la moción, el Partido Popular considera que existen indicios de irregularidades en la fiscalización de numerosas facturas que, a su juicio, deberían haber contado con reparos por parte de la Intervención municipal.
Entre los expedientes señalados por el PP figuran facturas correspondientes a Iberdrola Clientes por más de 1,2 millones de euros; obligaciones con FCC Aqualia superiores al millón de euros, relacionadas principalmente con subvenciones derivadas de la falta de aprobación de nuevas tarifas y con trabajos de limpieza de la decantadora de La Atalaya; así como 127 facturas de Telemag de Lorca, entre ellas algunas correspondientes a eventos municipales cuyo importe superaría el límite establecido para contratos menores.
La moción también hacía referencia a distintos proveedores, entre ellos Andaluza Gestión 2020, Genesur Energy, Grupo Siren Ambulancias, Tecno Asfalto Levante y Comando Zorro, señalando posibles fraccionamientos de contratos, ausencia de cobertura contractual o pagos realizados, según el PP, sin seguir los procedimientos que considera preceptivos.
Además, el grupo popular amplía su argumentación a la situación de la sociedad municipal Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana, actualmente en proceso de liquidación, cuestionando la no inclusión de determinadas obligaciones en el procedimiento estatal de pago a proveedores y planteando dudas sobre diversos aspectos contables y de gestión.
Durante el debate, la concejala de Hacienda, Carmen Navarro, ha defendido la necesidad de actuar con prudencia y evitar convertir el Pleno en un órgano de enjuiciamiento de funcionarios municipales. La edil ha manifestado que el equipo de Gobierno no podía respaldar una iniciativa sustentada, a su juicio, únicamente en indicios, y anunció la presentación de una enmienda para solicitar informes técnicos que permitieran analizar con rigor las cuestiones planteadas.
Navarro ha afirmado que el Gobierno municipal no pretendía juzgar al interventor y defendió que fueran los servicios municipales competentes quienes valoraran la situación desde el punto de vista jurídico y técnico antes de adoptar cualquier decisión.
Finalmente, ha prosperado la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que sustituye íntegramente la propuesta original. El acuerdo aprobado contempla solicitar a Secretaría, Intervención, Tesorería y, en su caso, a los servicios jurídicos externos municipales la elaboración de informes sobre todas las cuestiones planteadas en la moción, especialmente las relativas a las obligaciones pendientes de pago, el procedimiento extraordinario de pago a proveedores, la existencia o no de reparos, la tramitación de facturas de ejercicios anteriores y la situación económico-contable de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana.
Asimismo, los informes deberán analizar si los expedientes se ajustan a la normativa presupuestaria, contractual, contable y de control interno, además de facilitar a los grupos municipales el acceso a la documentación administrativa dentro de los límites establecidos por la legislación y la normativa de protección de datos.
El acuerdo también prevé que, una vez elaborados los informes, estos sean elevados a la comisión informativa correspondiente para conocimiento de los grupos políticos. En caso de que de dichos informes se desprendieran indicios fundados de responsabilidad disciplinaria, contable o de cualquier otra naturaleza, se dará traslado al órgano competente para que valore la posible apertura de las actuaciones que procedan.
Como último punto, el Pleno acordó rechazar cualquier utilización política o personal de los empleados públicos municipales, garantizando su independencia funcional, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica.
Expulsión de Alicia Jiménez
El debate se ha endurecido durante la intervención del alcalde, Ginés Campillo, quien ha acusado al Partido Popular de mantener históricamente una actitud de persecución hacia funcionarios municipales cuando no compartían su actuación. Campillo ha asegurado que esa forma de actuar había ocasionado importantes costes económicos al Ayuntamiento en procedimientos judiciales, "como en el caso de Manuel Andrés Méndez por un empeño personal de la señora Jiménez en llevarlo al Tribunal de Cuentas", y reprochó al PP recurrir sistemáticamente a los tribunales para resolver discrepancias políticas.
Mientras el alcalde realizaba estas manifestaciones, la portavoz popular Alicia Jiménez interrumpió en varias ocasiones para pedir que retirara sus afirmaciones. Tras tres requerimientos para que cesara sus intervenciones sin turno de palabra, el alcalde ordenó su expulsión del salón de plenos. La portavoz abandonó finalmente la sesión entre protestas, calificando de "lamentable" la decisión y criticando la actitud del regidor.
Al término de la sesión plenaria, Alicia Jiménez compareció ante los medios de comunicación para ofrecer su versión de lo sucedido. La portavoz popular aseguró que había sido expulsada por intentar defenderse de unas acusaciones que consideró falsas y negó haber perseguido personalmente a ningún funcionario municipal durante su etapa al frente del Ayuntamiento.
Jiménez afirmó que las actuaciones realizadas durante su mandato se llevaron a cabo siguiendo los criterios técnicos y jurídicos de los servicios municipales y criticó que el alcalde desviara el debate hacia asuntos de legislaturas anteriores en lugar de responder al contenido de la moción presentada por su grupo.
Durante su comparecencia también realizó una valoración muy crítica de la gestión del Gobierno municipal, denunciando la situación de los servicios públicos, el estado de las calles y playas, la ejecución de obras y la situación económica del Ayuntamiento, además de agradecer el respaldo mostrado por el resto de concejales de su grupo durante el incidente vivido en el Pleno.
Campillo: "Lamentable espectáculo"
Tras la sesión plenaria, el alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, difundió un vídeo en sus redes sociales en el que calificó de "lamentable espectáculo" lo ocurrido durante el debate. El regidor atribuyó el incidente a la actitud de la portavoz del Partido Popular, Alicia Jiménez, de quien afirmó que "intenta por todos los medios polemizar lo máximo en cada pleno" y provocar situaciones de confrontación. Campillo sostuvo que, tras más de dos décadas de experiencia política, la portavoz popular "sabe perfectamente cuándo tiene que intervenir y cuándo no", y aseguró que su comportamiento responde a una estrategia para generar polémica desde la oposición.
En su intervención, el alcalde defendió la labor del equipo de Gobierno y rechazó las críticas realizadas por el PP durante la sesión. Campillo aseguró que el Ejecutivo municipal "está trabajando día a día por Mazarrón y por los vecinos", afirmando que ese trabajo "se puede comprobar perfectamente en la calle". Asimismo, acusó a la oposición de intentar trasladar la imagen de que el Gobierno local "no hace nada" y concluyó asegurando que continuarán desarrollando su gestión "por Mazarrón y por los mazarroneros".
