La organización sostiene que la plantación de 6.500 limoneros en Cañadas del Romero se ejecutó pese a informes desfavorables de la CHS, Medio Ambiente y Política Forestal.
Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia por un proyecto agrícola desarrollado en el paraje de Cañadas del Romero, en Mazarrón, que, según la organización, fue ejecutado prácticamente en su totalidad sin contar con la preceptiva autorización ambiental, sin derechos de riego y vulnerando las condiciones impuestas por distintos organismos competentes.
La denuncia también ha sido remitida a las direcciones generales de Medio Ambiente y Patrimonio Natural, a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y al Ayuntamiento de Mazarrón. En ella, Ecologistas en Acción solicita que se esclarezca si las administraciones han adoptado medidas o sanciones por la ejecución del proyecto. Los escritos fueron registrados el 5 de abril de 2026 y, según la organización, aún no han recibido respuesta.
El origen del expediente se remonta a marzo de 2016, cuando el Ayuntamiento de Mazarrón remitió a la Dirección General de Medio Ambiente el proyecto de labrado de las parcelas 81 y 82 del polígono 6 para iniciar el procedimiento de evaluación ambiental simplificada. La actuación contemplaba la transformación de 25,6 hectáreas para implantar un cultivo de 6.500 limoneros.
Durante la tramitación administrativa, varios organismos emitieron informes desfavorables. La Confederación Hidrográfica del Segura advirtió que las parcelas no se encuentran dentro de ningún perímetro regable autorizado y, por tanto, carecen de derechos de riego. Posteriormente, el organismo recordó que la solicitud para regularizar el aprovechamiento de agua había sido denegada en noviembre de 2022.
Por su parte, la Subdirección General de Política Forestal prohibió expresamente la roturación de las zonas forestales existentes, entre ellas cerca de 39.000 metros cuadrados de espartizal, y recordó que sobre la finca ya existía un expediente sancionador por la instalación de un vallado que había destruido vegetación forestal sin autorización administrativa. Además, impuso medidas compensatorias para conservar parte del hábitat y favorecer la restauración ambiental.
A estas objeciones se sumó un informe de la entonces Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA), que alertó de la importancia del enclave para aves esteparias y rapaces. El documento señalaba que el proyecto no contemplaba adecuadamente la pérdida de áreas de nidificación, alimentación y campeo, y advertía de efectos negativos relevantes sobre la fauna que no quedaban corregidos con las medidas propuestas.
Tras analizar los informes, la Dirección General de Medio Ambiente resolvió el 8 de mayo de 2024 que el proyecto podía tener efectos significativos sobre el medio ambiente y determinó que debía someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Sin embargo, el propio Informe de Impacto Ambiental recoge que la actuación ya estaba "ejecutada en su práctica totalidad" en junio de 2023. Según el documento, durante las obras se roturaron zonas forestales cuya conservación había sido expresamente exigida, se incumplieron las obligaciones de mantener áreas sin cultivar para favorecer la nidificación de aves y tampoco se realizó el seguimiento previo de la fauna previsto en los informes ambientales.
Asimismo, el informe destaca que la transformación de las parcelas en un cultivo de cítricos de regadío se llevó a cabo pese a que la CHS había reiterado la inexistencia de derechos de riego y la denegación de la concesión para regularizar el aprovechamiento de agua.
La resolución ambiental recuerda además que la Ley de Evaluación Ambiental impide tramitar la evaluación de proyectos que ya han sido ejecutados sin haberse sometido previamente a ese procedimiento, por lo que concluye que la actuación ya no podía ser objeto de una evaluación ambiental ordinaria.
Ecologistas en Acción sostiene que los promotores ejecutaron el proyecto pese a conocer los informes desfavorables y sin disponer de concesión para el aprovechamiento de agua, derechos de riego, una declaración de impacto ambiental favorable ni autorización para la roturación de terrenos forestales.
Con estos antecedentes, la organización considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y reclama que las administraciones competentes informen sobre las actuaciones emprendidas y las posibles responsabilidades derivadas de la ejecución de un proyecto que, según denuncia, se desarrolló al margen de los procedimientos y autorizaciones legalmente exigidos.
