La sesión plenaria de marzo solicita al Ministerio del Interior reforzar la seguridad en el municipio ante el aumento de población y de la actividad delictiva.
La corporación municipal ha respaldado por unanimidad una moción para instar al Gobierno de España a implantar una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Mazarrón, con el objetivo de reforzar los recursos en materia de seguridad ciudadana.
La propuesta, presentada por el Grupo Municipal Popular, plantea la necesidad de dotar al municipio de una infraestructura estable de Policía Nacional, con medios humanos y materiales suficientes. Asimismo, contempla solicitar medidas transitorias de refuerzo de efectivos mientras se materializa esta implantación.
El acuerdo aprobado también incide en la importancia de mejorar la coordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el fin de optimizar la prevención y persecución de delitos en el término municipal.
Entre los argumentos expuestos en la moción, se destaca la evolución demográfica de Mazarrón, que supera los 35.000 habitantes y experimenta un notable incremento durante la temporada estival debido a su carácter turístico. A ello se suma una estructura territorial dispersa, con dos núcleos principales —Mazarrón y Puerto de Mazarrón—, urbanizaciones como Camposol y un amplio número de pedanías.
El texto también pone de relieve la diversidad poblacional del municipio, con presencia de residentes de distintas nacionalidades, lo que genera necesidades específicas en ámbitos como la extranjería o la atención administrativa.
Según los datos recogidos en la iniciativa, correspondientes al año 2025, el municipio registró un aumento de la criminalidad, con un total de 2.028 delitos, lo que supone un incremento del 15,3% respecto al año anterior.
Actualmente, la seguridad recae en la Policía Local y la Guardia Civil, cuyos recursos, según se señala, resultan limitados para atender la complejidad y el volumen de las demandas existentes. En este contexto, la implantación de la Policía Nacional permitiría asumir competencias específicas como la expedición de documentos oficiales, la gestión de trámites de extranjería o la investigación de determinados delitos.
El acuerdo será trasladado al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y a las administraciones competentes para su valoración.
