El Consejo de Gobierno regional establece el marco para la concesión directa de subvenciones a 29 ayuntamientos, entre ellos Mazarrón que contará con 137.088 euros.
El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha ratificado el Decreto n.º 296/2025, de 23 de diciembre, una norma que establece el marco para la concesión directa de subvenciones a 29 ayuntamientos de la región con el fin de transformar radicalmente la gestión de residuos locales. Esta iniciativa cuenta con una dotación económica de 5.350.565,52 euros, financiados íntegramente por la Unión Europea mediante los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) impulsado por el Gobierno de España. El decreto responde a la necesidad de cumplir con los objetivos de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, orientada a proteger la salud humana y el medio ambiente mediante el fomento de una economía circular efectiva.
La inversión se articula a través de tres líneas de trabajo fundamentales que cubren el 90% del coste total de los proyectos municipales, excluyendo el IVA. La primera de ellas, dotada con más de tres millones de euros, se centra en la implantación o mejora de la recogida separada de biorresiduos para su posterior tratamiento biológico. La segunda línea destina más de 200.000 euros a la recolección selectiva de textiles y aceites de cocina usados, mientras que la tercera línea asigna más de dos millones de euros para la construcción y modernización de puntos limpios fijos, conocidos como ecoparques, y unidades móviles.
En cuanto a la distribución por municipios, el decreto detalla cuantías significativas para diversas localidades de la región. Alhama de Murcia lidera la recepción de fondos con 516.057,51 euros, seguida de Moratalla con 437.974,90 euros y Cieza con 326.767,19 euros. Otros ayuntamientos como La Unión (324.948,96 €), Cehegín (303.564,47 €), Águilas (299.999,70 €), Molina de Segura (297.197,28 €) o Mazarrón (137.088,00 €) también cuentan con presupuestos destacados para renovar sus infraestructuras ambientales. La lista de beneficiarios se completa con poblaciones como Abanilla, Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Aledo, Archena, Beniel, Blanca, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fuente Álamo, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Los Alcázares, Mula, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Totana y Villanueva del Río Segura.
El pago de estas ayudas se realizará de forma única y anticipada mediante transferencia bancaria, permitiendo a los consistorios disponer de la financiación necesaria antes de iniciar la justificación de los gastos. No obstante, el decreto impone un calendario estricto: las actuaciones deberán estar finalizadas para el 31 de mayo de 2026, y la justificación documental de los proyectos tendrá como fecha límite el 30 de junio de ese mismo año. Quedan excluidos expresamente de esta financiación los gastos de formación, sensibilización, impuestos y las tareas ordinarias de gestión y mantenimiento de los servicios.
Finalmente, la normativa exige a los ayuntamientos el cumplimiento riguroso de principios de control y transparencia para salvaguardar los fondos europeos. Esto incluye la aplicación del cuestionario sobre el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH) y la adopción de medidas antifraude para prevenir conflictos de intereses o doble financiación. Además, los municipios están obligados a dar visibilidad al origen de los fondos mediante el uso del emblema de la Unión Europea y el texto que acredita la financiación por parte del mecanismo Next Generation EU en todas las infraestructuras y comunicaciones relacionadas con los proyectos.
