En la Región de Murcia no hay centros específicos de menores migrantes, ya que la Comunidad apuesta por la integración de estos menores atendiendo a sus necesidades y circunstancias específicas.
El Consejo de Gobierno regional, a propuesta de la consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha acordado interponer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regula el reparto entre las comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados.
Entre los argumentos jurídicos que justifican la interposición de ese recurso, el Gobierno regional expondrá la invasión por parte del Estado de competencias autonómicas en materia de protección de menores, ya que ésta es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Además, el Ejecutivo autonómico considera que el Real Decreto vulnera el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. Así, el Gobierno central no ha asegurado la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados, ni ha llevado a cabo una previsión económica de lo que supondría esa atención durante el tiempo que dure la acogida.
Otro de los argumentos jurídicos que recogerá el recurso es la vulneración del principio de lealtad institucional, colaboración, cooperación y coordinación, dado que el procedimiento de reubicación y traslado se ha determinado sin consensuarlo con las autonomías en el órgano de cooperación en materia de protección de menores, es decir, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Por tanto, se entiende que el Ejecutivo central ha actuado, una vez más, de espaldas a las comunidades autónomas.
De la misma forma, el Ejecutivo regional estima que la norma vulnera el principio de igualdad y no discriminación. El Real Decreto determina que las autonomías deben remitir al Estado el número de plazas de acogida que disponen para personas menores de edad extranjeras no acompañadas, y aportar la cifra de las que están siendo atendidas por su sistema de protección, pero para la Comunidad, esta petición supone una discriminación directa de los menores migrantes, ya que, según la legislación de protección a la infancia, no pueden ser atendidos de forma distinta en función de su procedencia o nacionalidad.
En la Región de Murcia no hay centros específicos de menores migrantes, ya que la Comunidad apuesta por la integración de estos menores atendiendo a sus necesidades y circunstancias específicas. No existen recursos específicos en función de la nacionalidad de los menores tutelados.
