Los vecinos de Cañadas de Romero preocupados por la planta de biometano

El pasado jueves, el Centro Social de Cañadas de Romero fue escenario de una charla informativa sobre el proyecto de una planta de producción de biometano y biofertilizante a partir de residuos orgánicos, impulsado por la empresa Biometano Mazarrón S.L. La sesión, que atrajo a un gran número de vecinos de las zonas de El Paretón, Cantareros, Cañadas de Romero y Camposol, contó con la participación del jurista ambiental Pedro Macanás y representantes de la Plataforma STOP BIOGÁS, quienes expusieron sus preocupaciones sobre los posibles impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto. La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el 4 de julio de 2025, ha generado un creciente malestar en la comunidad, que reclama mayor transparencia y participación en la toma de decisiones.
    Pedro Macanás, jurista ambiental, en declaraciones a La Voz cuestionó la narrativa presentada por los promotores del proyecto, que lo describen como una solución sostenible para la gestión de residuos orgánicos. “Todo se presenta como hermoso, pero queremos quitar la máscara y mostrar la realidad: los peligros que entraña, los problemas que conlleva. Esto es un imán para megagranjas porcinas, un negocio bastante nocivo que no aporta riqueza, sino degradación, contaminación y miseria”, afirmó.
    Macanás señaló que, aunque no se conoce la cifra exacta de cerdos en Mazarrón, se estima que entre Mazarrón, Lorca y Fuente Álamo se concentra cerca de un millón de cabezas de ganado, aproximadamente la mitad del total de la Región de Murcia. Según el jurista, la planta podría incentivar la proliferación de explotaciones ganaderas intensivas, agravando los problemas ambientales en la zona.
    Además, Macanás alertó sobre el impacto de la planta en un radio de hasta 10 km, afectando a núcleos urbanos cercanos como Los Serranos, Cantareros, El Paretón, Los Pulios, Condado de Alhama y Camposol, algunos situados a menos de 2 km de la ubicación propuesta. “En ciertos planes generales, como los de Murcia, no se permitiría una instalación de este tipo tan cerca de poblaciones. Aquí hay que estudiar la normativa concreta, pero la contaminación atmosférica y los olores podrían ser significativos”, añadió.
    También destacó la falta de estudios ambientales rigurosos, citando como ejemplo el caso de Fuente Álamo, donde un proyecto similar no tuvo en cuenta la presencia de especies protegidas como el alcaraván común, un ave en peligro de extinción. “Los vecinos están ejerciendo la presión social que les corresponde, conforme a la Constitución, para que se les escuche. No se ha consultado a la población, y exigimos que el proyecto se paralice hasta que se evalúen todos los impactos”, concluyó.
    Domingo Hernández, miembro de la Plataforma STOP BIOGÁS, reforzó las críticas al comparar la envergadura del proyecto con otras plantas de biogás. “La planta más grande hasta ahora, en Lleida, procesa 520.000 toneladas anuales. La de Fuente Álamo, por ejemplo, manejaría más de 2 millones de toneladas de residuos, una bestialidad. Nos venden estos proyectos como soluciones para la descarbonización y la economía circular, envueltos en un color verde muy bonito, pero no nos cuentan nada sobre los gases tóxicos que se emiten ni sobre los residuos peligrosos que generan estas instalaciones”, declaró. Hernández cuestionó la falta de transparencia en los estudios de impacto ambiental y acusó a los promotores de priorizar beneficios económicos sobre la salud y el bienestar de los residentes.
    Antonia Hernández, también de la Plataforma STOP BIOGÁS, denunció el “oscurantismo” que rodea al proyecto y la falta de participación ciudadana. “Todos estos proyectos se amparan bajo el supuesto interés público, pero no se nos ha consultado. Se han diseñado para captar subvenciones europeas y están financiados por fondos de inversión con millones de euros. Los vecinos tenemos que buscar la información por nuestra cuenta, porque los ayuntamientos y los alcaldes no convocan reuniones para informarnos”, afirmó.
    Antonia señaló que la planta, al estar a menos de 2 km de núcleos urbanos, escuelas, institutos y residencias de mayores, podría generar contaminación por cenizas, olores y lixiviados, afectando gravemente la calidad de vida. “No es una industria cualquiera; no hay una normativa específica para estas plantas, pero ellos consideran que a 2 km de un núcleo urbano ya es suficiente. Eso no es aceptable”, subrayó.
    Además, Hernández criticó la carga adicional que supondría el proyecto para las infraestructuras locales. “Van a usar nuestras carreteras y encima las mejorarán para ellos, siendo empresas privadas. Si la planta no funciona, necesitarán más residuos para mantenerla operativa, lo que significa más megagranjas y más contaminación. Al final, somos los vecinos los que pagamos las consecuencias: problemas de salud, pérdida de valor de nuestras viviendas y ningún beneficio real para las localidades”, afirmó. También destacó la disparidad en los impuestos, señalando que “plantas similares pagan 118 euros en impuestos municipales, mientras cualquier vecino paga mucho más por su vivienda”. Por último, advirtió sobre la proliferación de proyectos similares: “En pocos kilómetros cuadrados nos van a caer varias plantas, porque quieren instalar 2.500 en toda España, y ninguna va a las ciudades, todas a los pueblos”.

Alegaciones
Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones formales ante la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Mazarrón, advirtiendo sobre múltiples impactos negativos del proyecto. Según la organización, la planta podría generar contaminación atmosférica, malos olores, filtraciones de lixiviados y un consumo anual estimado de 27.970 m³ de agua, un recurso escaso en la región. Además, se espera un incremento significativo del tráfico pesado, con una previsión de 74 camiones diarios, lo que afectaría a las carreteras locales y aumentaría el riesgo de accidentes. La ubicación de la planta, en una zona de vientos dominantes, podría dispersar contaminantes hacia núcleos habitados cercanos, lo que, según los ecologistas, podría derivar en una pérdida de valor de las propiedades y una merma en la calidad de vida.
Posición del Ayuntamiento
En el último pleno municipal, el grupo Vox expresó su preocupación por el malestar vecinal y las alegaciones presentadas. “No nos oponemos al proyecto siempre que sea limpio, legal y no tenga impacto medioambiental. Pero los vecinos están preocupados, y con razón, porque no se les ha informado adecuadamente”, declaró un concejal del partido. Vox subrayó que la planta podría afectar negativamente al valor de las viviendas y a la calidad de vida en zonas como Los Serranos, Cantareros, El Paretón, Los Pulios, Condado de Alhama y Camposol.
    En respuesta, el alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, aclaró que el proyecto aún no se ha presentado formalmente en el Ayuntamiento, sino únicamente ante la Comunidad Autónoma de Murcia. “Cuando recibamos el proyecto oficialmente, nos pronunciaremos. Hasta ahora, hemos mantenido varias reuniones con agricultores para recabar sus opiniones y evaluar los posibles beneficios, como la gestión eficiente de residuos agrícolas, especialmente las podas, que son un problema para el municipio”, explicó. Campillo defendió que la planta estaría diseñada con un sistema de tratamiento cerrado, “sin nada al aire”, lo que la diferenciaría de otras instalaciones problemáticas, como la de Molina de Segura, donde el Ayuntamiento se opuso frontalmente. “Creo que hay un problema real de salubridad y olores con las granjas y las podas en el municipio, y este tipo de plantas podría solucionarlo”, afirmó, aunque insistió en que cualquier decisión se tomará tras un análisis riguroso.