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El Consejo de Gobierno regional amplía el plazo a los ayuntamientos a través de un decreto ley que también aprueba una nueva medida de apoyo para la hostelería y la restauración.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley por el que, debido a la gravedad de la crisis generada por la pandemia, se acuerda ampliar hasta 2030 el plazo para que los ayuntamientos de la Región devuelvan a la Comunidad los 90 millones en reintegros que están pendientes desde el año 2012. A través de este Decreto, además, se aprueba una exención de un año en el cobro de tasas gestionadas por la Comunidad por valor de cerca de un millón de euros para el sector de la hostelería y la restauración.
    En lo que se refiere al cobro de las subvenciones, el Decreto recuerda que se trata de cantidades otorgadas antes de 2012 para proyectos que no pudieron ser ejecutados por la anterior crisis económica que afectó a las corporaciones locales y cuya devolución se retrasó ya en ese año 2012. Tras una segunda ampliación en el año 2016, el plazo para devolver esas cantidades vencía este 31 de diciembre.
    Debido a la delicada situación económica que atraviesan los ayuntamientos como consecuencia de la gravedad de la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia, el plazo se amplía en otros 10 años, con tres años de carencia en los que los ayuntamientos no tendrán que empezar a devolver esas cantidades. De manera excepcional, en el caso de que el reintegro sea igual o superior a 3 millones, el plazo se podrá ampliar hasta el 2035.
    En el caso de aquellas corporaciones que quieran seguir adelante con los proyectos, y que aún estén en plazo para realizar estas inversiones subvencionadas por la Comunidad antes de 2012, el decreto amplía también en tres años el plazo para que puedan ejecutarlos.
Nuevo apoyo para la hostelería y la restauración
El decreto ley aprueba también una nueva medida de apoyo para un sector especialmente castigado por la pandemia, como es el de la hostelería y la restauración. Así, a través de esta herramienta se establece una moratoria de un año en el pago de tasas regionales que afectan a este sector, como la de ordenación de actividades turísticas o las tasas por actuaciones administrativas de carácter sanitario, y cuyo impacto se estima en torno a un millón de euros.
    Esta iniciativa ha sido acordada de acuerdo con los representantes de la hostelería en la mesa de trabajo que se creó para diseñar un plan de rescate ante las restricciones impuestas al sector para intentar frenar la pandemia y al que ya se han destinado 37 millones de euros.