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"No estamos en presencia de un fraude de ley, sino que estamos ante consideraciones de carácter técnico que son las que impiden la apertura de la piscina”. Contra la resolución cabe recurso.

Comunicado UIDM
La Justicia da la razón al exalcalde, Ginés Campillo, y al que fuera su concejal de Deportes, Andrés Valera, por las obras de cubrimiento y climatización de la piscina del Polideportivo Municipal Jesús Cánovas Valenzuela en 2015.
La magistrada, María E. Bayona, del juzgado de Totana ha archivado la denuncia que presentó el Partido Popular de Alicia Jiménez contra los ediles de Unión Independiente de Mazarrón porque se trata de cuestiones que:
"en ningún caso serían constitutivas de delito […]; no estamos en presencia de un fraude de ley, sino que estamos ante consideraciones de carácter técnico que son las que impiden la apertura de la piscina”.
Tras un calvario judicial, con el desprestigio político y personal que ello conlleva, la verdad se ha impuesto. Lo que siempre defendieron Ginés Campillo y Andrés Valera en su actuación es hoy palabra de tribunal.
Jiménez ha intentado usar la Justicia para derribar a sus principales oponentes en la contienda electoral. La actual alcaldesa ha tenido cerrada la piscina toda esta legislatura porque le interesaba que el pueblo creyera que UIDM la había echado a perder.
Durante todo este tiempo, la piscina municipal se habría podido utilizar de no ser por el cierre caprichoso del Partido Popular. En la actualidad, sí que tenemos una instalación abandonada consecuencia de esta utilización partidista.
No obstante, su apertura no se ha producido porque el jefe de Urbanismo de Jiménez –que también lo era con su mentor, Francisco Blaya-, José Antonio Senín, informó desfavorablemente por haber sido apartado de su puesto bajo el mandato de Campillo. Una venganza personal en toda regla.